HA QUEDADO DEMOSTRADO QUE POR LA VÍA INSTITUCIONAL EL CAMBIO QUE REQUIERE EL PAÍS NO SERÁ POSIBLE, YA QUE LA PRIANdilla TIENE SECUESTRADO AL ESTADO Y POR ENDE A TODAS LAS INSTITUCIONES.

NO TENEMOS OTRA ALTERNATIVA QUE PROMOVER LA DESOBEDIENCIA CIVIL PACÍFICA ANTE EL GOBIERNO DICTATORIAL Y TIRANO QUE NOS DESGOBIERNA

LAS COSAS BUENAS Y LAS COSAS MALAS
NO SUCEDEN SOLO PORQUE SI,
TAMPOCO SUCEDEN POR ARTE DE MAGIA,
O HECHAS POR MANOS INVISIBLES.

EL 1 DE MAYO SERÁ EL DÍA QUE INICIE LA LIBERACIÓN DE MÉXICO POR LA VÍA DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL PACÍFICA.

"EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO"

martes, 16 de marzo de 2010

El Renacimiento de México



La seguridad y la paz son fruto de la justicia

La situación de inseguridad y violencia que se ha agudizado en Ciudad Juárez desde hace dos años, ha tomado las dimensiones de una crisis humanitaria, irónicamente la entrada del ejército y la policía federal a esta ciudad en lugar de ayudar a mejorar la situación, la empeoró enormemente al grado de que el número de asesinatos se disparó de 2 a 7 por día.

Ante esta situación el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, no podía ser indiferente, y en su pasada visita a esta ciudad fronteriza propuso un programa de 8 puntos para ayudar a revertir la situación tan deplorable que padece.

Contraria a la estrategia de militarización de Calderón, de la mano dura y la cero tolerancia, López Obrador propone seguir una ruta basada en el desarrollo social, la educación pública y la inversión en infraestructura.

En estos 8 puntos se contempla el otorgamiento de becas a estudiantes, el seguro de desempleo, pensión a adultos mayores y discapacitados, atención médica y medicamentos gratuitos para grupos vulnerables, un programa integral de infraestructura urbana, construcción y rehabilitación de escuelas y guarderías, y el otorgamiento de créditos a la palabra para la mejora de vivienda.

El costo de este Programa de Desarrollo Social sería de 6 mil millones de pesos, que se obtendrían de la implementación de un programa de austeridad republicana en el gobierno federal.

En lo personal siento que este programa en efecto sería de gran ayuda a paliar muchos de los efectos causados por la militarización en Ciudad Juárez, ya que reactivaría la economía y el mercado interno, el cual se ha visto enormemente afectado por el cierre de maquiladoras y comercios como resultado de la crisis económica del 2009, pero también por las extorsiones.

Sin embargo, este programa debe ser acompañado en paralelo con la salida del ejército y la policía federal, ya que como bien señaló en repetidas ocasiones la defensora de derechos humanos Cipriana Jurado, en su pasada visita a la Ciudad de México, en alusión a la construcción de un campo de futbol americano en la Colonia Villas de Salvarcar, como homenaje a los 16 jóvenes masacrados, “a qué hora lo van a poder usar los jóvenes de Salvarcar, si la gente ya no quiere salir de sus casas por temor a que los levante el ejército”.

Y es que el ejército y la policía federal desde su llegada a la otrora Paso del Norte, se han visto involucrados en una serie de abusos y violaciones a los derechos humanos, que van desde las extorsiones hasta el asesinato, pasando por torturas, violaciones, y secuestros. Todo está debidamente documentado por las diversas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y por las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos.

En efecto la solución no es más militares como propuso el Usurpador hace unas semanas al jactarse frente a los ciudadanos de Ciudad Juárez, de que: “si es necesario se pondrá un grupo de soldados en cada esquina de Ciudad Juárez.”

Invertir en educación y empleo es correcto, pero no suficiente, el ejército tiene que salir de Ciudad Juárez, así como de Chiapas Guerrero, Michoacán, Puebla, Oaxaca y de cualquier parte del país donde se encuentre haciendo funciones de policía, recordemos que de acuerdo al artículo 129 Constitucional, en tiempos de paz el ejército debe permanecer en los cuarteles.

L.D. Jesús A. Palma M.

Ciudad de México, Sede del Gobierno Legítimo de México, a 15 de marzo de 2010.

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