El pasado martes 13 de octubre, un grupo de legisladores del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía, hizo la presentación formal en la Cámara de Diputados, de la Iniciativa de Ley de Austeridad Republicana que anunciara el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, el día anterior en una Asamblea Informativa.
Esta iniciativa de ley, tiene como objetivo establecer una serie de mecanismos en la integración y manejo del gasto público de los tres Poderes de la Unión y los Órganos Autónomos como la CNDH, el IFE, etc., a efecto de lograr un gobierno austero pero eficiente, y que el servicio público deje de ser visto como una fuente de riqueza personal, y sea por el contrario, visto como lo que es, un servicio al pueblo.
En esta iniciativa, se contemplan medidas encaminadas a prohibir el exceso en el gasto corriente, como son: la eliminación de las pensiones de los ex presidentes, la prohibición de seguros médicos privados, la compra de vehículos oficiales, la contratación de aeronaves privadas por parte de los funcionarios, la realización de foros, congresos, eventos culturales con cargo al erario, un control estricto del número de viajes al extranjero, así como la prohibición de crear determinados puestos como secretario privado, técnico, particular, asesores, que en muchas ocasiones son innecesarios y sólo se utilizan para pagar cuotas políticas.
A parte de estas medidas simples pero efectivas, se establecen candados al manejo de la cuenta pública, ya que en ocasiones es usual que una dependencia modifique su presupuesto aprobado y de esta manera pueda transferir dinero de una partida presupuestal a otra, evadiendo así las medidas de austeridad, es por esto que se establece en la iniciativa de ley de austeridad la prohibición de transferir recursos de las cuentas de capital a las de gasto corriente, además se fija un tope del 15 por ciento del presupuesto para las transferencias permitidas, las cuales además deberán ser autorizadas por el titular de la dependencia.
Asimismo, es de resaltar la prohibición de crear fideicomisos con dinero público, además de señalar el deber de revisar los fideicomisos vigentes a efecto de determinar su viabilidad, y en caso de resultar innecesarios, llevar a cabo de manera inmediata su liquidación.
También se crea una Comisión Nacional de Ética Pública y Austeridad Republicana, integrada por 6 diputados y 4 senadores, cuyos cargos serán honorarios, es decir, no van a cobrar dinero alguno, y que tendrá como función vigilar el cumplimiento de esta ley, para lo cual tendrá una serie de facultades como son: recibir denuncias de los ciudadanos, emitir consultas sobre la interpretación de esta ley, hacer una revisión de los sueldos y salarios de los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión y los Órganos Autónomos, así como revisar sus estructuras de personal a efecto de verificar si existen cargos que duplican funciones.
Lo anterior, queda completado con un catálogo de principios que los servidores públicos deberán observar en el desempeño de sus cargos, entre los cuales se establecen los de observancia y cumplimiento de la ley, honestidad, rectitud, probidad, buena fe, austeridad republicana y ´por supuesto, anteponer el interés público sobre el privado.
Por lo tanto, sería benéfico para nuestro país la aprobación de esta ley, no sólo porque nos encontramos actualmente en un contexto de crisis económica aguda, sino porque sienta las bases de una mejor forma de gobernar y de administrar el gasto público, además de que retoma el carácter social del servicio público.
Ciudad de México, sede del Gobierno Legítimo de México, a 18 de octubre de 2009.
L.D. Jesús A. Palma M.
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