Revisando la historia nos encontramos con que es común que los regímenes totalitarios busquen legitimarse a través de la guerra, subestimando al pueblo creen que lograrán la anhelada unidad nacional en torno al régimen, aduciendo el peligro de un enemigo público, y que exaltando el patriotismo conseguirán que la gente haga caso omiso de los abusos cometidos por los gobernantes. Sin embargo, la historia también registra que en ocasiones esto tiene un efecto contrario, ya que cuando la guerra creada por la oligarquía se sale de control y termina en un desastre nacional, esto conlleva a la caída del régimen.
Es el caso de la caída de la URSS apenas 3 años después de haber retirado al Ejército Rojo de Afganistán, de la Revolución de los Claveles en Portugal, donde los oficiales del Ejército se sublevaron contra la dictadura fascista que los obligaba a librar una interminable guerra colonial en Angola, Guinea Bissau y Mozambique. En este lado del hemisferio, es el caso de la Junta Militar de Argentina que sucumbió tras la derrota de sus fuerzas armadas en la Guerra de las Malvinas.
A mi parecer, este podría ser el caso del México neoliberal presidido por Felipe Calderón, quien habiendo usurpado la Presidencia en el 2006, repite la receta de la legitimación a través del Ejército, al declarar la Guerra contra el Narcotráfico, la cual ha dejado a la fecha alrededor de 18 mil muertos entre civiles, narcotraficantes, policías y militares.
Sin embargo, como en toda guerra, ésta tiene sus zonas calientes, y en el caso de México, Ciudad Juárez, Chihuahua es sin duda el Stalingrado de Calderón, ya que la cuarta parte de las bajas de esta guerra se concentran en esta Ciudad: 5 mil 137 víctimas fatales es el saldo de dos años y cuatro meses de inconstitucional incursión del Ejército Mexicano en Cd. Juárez.
Es muy grave señalar que en esta cifra no sólo se incluyen a narcotraficantes, policías y soldados, sino también a Defensores de los Derechos Humanos como Josefina Reyes, a académicos y estudiantes de la Universidad de Ciudad Juárez como el Dr. Manuel Arroyo y Jesús Alfredo Portillo Santos y a periodistas como Armando Rodríguez.
Como en toda guerra, el Ejército hace uso de la estrategia de “tierra arrasada” supuestamente para minar las bases de apoyo popular del enemigo, por lo que, a la cifra de víctimas fatales habría que agregar una larga lista de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares, que van desde extorsiones, pasando por cateos y abusos sexuales hasta la desaparición forzada de personas, como el caso de los jóvenes Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, secuestrados por militares del 35 batallón de infantería el 29 de diciembre de 2009. Es pertinente aclarar que, en la mayor parte de los casos de víctimas civiles, no se logra comprobar nexos con el narcotráfico o la de cualquier otro grupo de la delincuencia desorganizada.
Continuando con las cifras, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, reporta más de mil 300 quejas contra abusos del Ejército en un periodo que va de marzo de 2008 a septiembre de 2009.
Como en toda guerra el costo no sólo es en sangre, las cifras del daño económico son igualmente graves: 100 mil juarenses exiliados en El Paso, Texas, incluido el Presidente Municipal, o que regresaron a sus comunidades de origen, como es el caso de los “Juarochos” repatriados con el apoyo del gobierno de Veracruz; 116 mil viviendas vacías, la cuarta parte de Cd. Juárez; 10 mil pequeñas y medianas empresas cerradas por extorsión, y más de 600 mil juarenses en situación de pobreza.
La comunidad internacional comienza a reaccionar ante la violencia desatada en Cd. Juárez, por una parte, tenemos la postura intervencionista del gobierno de los EE.UU. particularmente de los gobernadores de los Estados Fronterizos quienes han solicitado que su gobierno federal envié a la Guardia Nacional a proteger la frontera con México. Por otra parte, está la declaración hecha por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la cual se manifiesta su preocupación por la utilización del Ejército en tareas de Seguridad Interna en la lucha contra el narcotráfico. También pidió modificar el Código de Justicia Militar para que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, sean juzgadas por tribunales civiles, así como tipificar el delito de desaparición forzada de personas en el Código Penal Federal, de conformidad con estándares internacionales.
No puedo dejar de resaltar que estas dos últimas peticiones, son también materia de una sentencia pendiente de cumplimiento por el Estado Mexicano, y que fue emitida en diciembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ante las crecientes protestas de la sociedad civil mexicana y las presiones de la comunidad internacional, el gobierno oligárquico al que representa Calderón decidió el retiro paulatino del Ejército de Ciudad Juárez, para tapar su derrota anuncia que la seguridad quedará en manos de la Policía Federal la cual también se retirará eventualmente para que sean las autoridades locales las que se queden a cargo.
Sin embargo, quedan pendientes otros puntos calientes de la narcoguerra mexicana, está el caso de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas, donde el narcotráfico ha reaccionado con bloqueos en carreteras y avenidas principales, quedan también pendientes los Estados de Guerrero y Chiapas donde no cesan las agresiones de militares y paramilitares contra las comunidades indígenas, donde el pretexto no es el narcotráfico sino la guerrilla. Igual suerte podría correr la Huasteca Potosina, región que comienza a militarizarse con el pretexto de la existencia de un grupo guerrillero.
Ante estos hechos, la sociedad mexicana y la comunidad internacional deben redoblar esfuerzos para continuar exigiendo el regreso de las Fuerzas Armadas Mexicanas a los cuarteles, lo cual hay que aclararlo, no es ponerse del lado de los narcotraficantes y los guerrilleros, es pedir que se cumpla con lo que establece la Constitución Política Mexicana en su artículo 129, que establece que en tiempos de paz ninguna autoridad militar podrá ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Para aquellos despistados que piensen que las declaraciones a la prensa de Calderón constituyen una declaración de guerra, es menester decirles que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión hacerlo, fracción XII del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, se debe seguir exigiendo a los Poderes de la Unión que cumplan con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Radilla Pacheco vs. El Estado Mexicano, en la cual se condena a este último a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, a efecto de que la justicia civil juzgue todos aquellos actos cometidos por militares en contra de civiles. Igualmente, los Poderes Federales deben establecer adecuadamente el delito de Desaparición Forzada de Personas, de acuerdo con los estándares internacionales.
Claro que la situación ha llegado a tal gravedad que es imperioso lograr que México acceda a una verdadera democracia, no la mascarada de los partidos, sino a un verdadero gobierno popular donde la gente participe de manera efectiva y decida el rumbo que debe tomar nuestro país.
L.D. Jesús A. Palma M.
Ciudad de México, 4 de abril de 2010.
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